Perú: El rol de las comunidades campesinas
En
el Perú existen más de seis mil comunidades campesinas y 1497
comunidades nativas amazónicas. Estas mantienen el control de un vasto
territorio que alberga una gran diversidad biológica de flora y fauna,
así como invalorables recursos naturales.Las comunidades campesinas y
nativas controlan cerca de las dos quintas partes de las tierras
agropecuarias del país (Lapeña, 2011), implementando tecnologías
ancestrales, en algunos casos ecoeficientes, para su explotación, con
una gran capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.
Este grupo poblacional es poseedor de
tradiciones milenarias y mantiene una relación de profunda
espiritualidad con el ambiente donde se desarrolla. También presenta los
más altos niveles de vulnerabilidad social (entendida como una mayor
susceptibilidad a efectos externos económicos, sociales, culturales y
ambientales) e índices de pobreza monetaria.
Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), para el año 2010, en la sierra rural,
el 61,2% de la población se ubica en situación de pobreza monetaria,
mientras que el 28,5% en situación de extrema pobreza. En la selva
rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el 17,8% en extrema
pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en la zona y
la poca voluntad política por implementar políticas públicas para
promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con
mercados más dinámicos.
A la fecha, las actividades extractivas
se encuentran en un momento de auge en el Perú. Solo en el período de
enero a octubre de 2011 la inversión en minería ascendió al nivel récord
de 5,325 millones de dólares, con efectos positivos en el empleo y en
la dinamización de los mercados a nivel nacional. La Sociedad Nacional
de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la minería representó el
7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal (incluyendo
regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado públicamente
la importancia de la minería para poder sostener los amplios programas
sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.
El éxito del crecimiento de las
actividades extractivas responde a una agresiva política de promoción de
las inversiones mineras y de hidrocarburos, liderada por el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) durante el gobierno anterior. Esta promoción
consiste en la acelerada concesión de lotes mineros y de hidrocarburos,
así como en la rápida aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA aprobados, y en
junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en concesión
minera (18,91% del territorio peruano).
Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el
64.98% del territorio de las comunidades nativas de la amazonía había
sido entregado en concesión como lotes para la extracción de
hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha impactado
directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales vienen
siendo presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro
de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y
políticos.
En un entorno en donde el rol
fiscalizador del Estado es muy débil, ya que se limita a aprobar EIA y
otorgar concesiones, la ejecución de los proyectos extractivos y el
destino de las comunidades, dueñas de extensos territorios que abarcan
importantes recursos naturales para la vida, se ha venido decidiendo a
través de negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes
de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su marcada
asimetría en la información y clara ventaja para las empresas.
De esta manera, tenemos un gran
número de comunidades que se han sentido despojadas de sus tierras, con
sus recursos naturales y medios de vida afectados, viendo cómo enormes
recursos económicos pasan de lado.
Esto ha traído como consecuencia un
número alarmante de conflictos con consecuencias trágicas. Según la
Defensoría del Pueblo, durante el gobierno anterior hubo alrededor de 80
muertos en conflictos sociales y al 31 de diciembre de 2011 existen 223
conflictos sociales activos, 57% de los cuales son socioambientales.
En lo que va del nuevo gobierno, el
presidente Ollanta Humala ya ‘tiene a cuestas’ dos importantes
conflictos sociales con víctimas humanas, millonarias pérdidas y un
cambio de gabinete. Un entorno político y mediático abiertamente hostil
orienta el debate hacia una polaridad de ‘antimineros’ versus
‘promineros’, en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar
propuestas infructuosas como el radical “no a la minería” o el populista
“repartamos el canon”.
Es de vital importancia colocar a las
comunidades campesinas y nativas como actores centrales en este debate,
reconociendo la prioridad que deben tener en las políticas de superación
de la pobreza, revalorizando sus conocimientos, sus derechos y el rol
que cumplen en el manejo de los recursos naturales ubicados en su
territorio.
Las comunidades están en la capacidad de
contribuir en la elaboración de políticas públicas que promuevan su
propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso de sus recursos
naturales, así como negociar –en una situación de mayor equidad en la
información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos
que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean
sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para
conseguir esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar
a las comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de
esta manera, asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de
las comunidades campesinas y nativas.
FUENTE: PACHAMAMA RADIO
http://www.pachamamaradio.org/16-03-2012/peru-el-rol-de-las-comunidades-campesinas.html
