¿Cuáles fueron los tropiezos y aciertos del sector minero en el 2012?
Pese a la nube negra que cegó Conga, otros proyectos sí lograron la licencia social. En ese sentido, el balance para el sector es positivo
(Foto: Archivo El Comercio)
MANUEL MARTICORENA S.
No hay un sector económico que cargue con tantos prejuicios como la minería. Así, siempre estará en el ojo de la tormenta, y esto es justamente una razón poderosa para que las empresas del sector afinen al milímetro sus estrategias a aplicar para el desarrollo de sus respectivas propuestas. Esto al parecer no sucedió con el proyecto minero Conga (de la estadounidense Newmont), que fue la batalla perdida en el 2012 no solo del sector minero, sino del Estado Peruano. Su paralización significó una derrota económica, pero a su vez puso sobre el tapete la debilidad y torpe manejo político del Gobierno.
Sin embargo, el balance de lo que ha sucedido este año en la minería va más allá de Conga.
“El 2012 ha sido muy intenso no solo en conflictos en el sector minero sino en aprendizaje y avances”, indica José Luis López, director de la ONG Labor. Esto lo afirma por que a la par de la constante formulación del recordado “Conga no va”, hubo proyectos que sí llegaron a soluciones y a diálogos productivos.
López cita los casos de Minera Cerro Verde (Arequipa), Las Bambas (Apurímac), Tintaya (Cusco) y sobre todo Quellaveco, donde finalmente, tras cerca de diez años de disputas y situaciones tensas, la actitud propositiva del Gobierno Regional de Moquegua logró que la empresa Anglo American (propietaria del proyecto), llegara a un acuerdo con las comunidades y autoridades locales. La minera se comprometió a invertir cerca de S/.1.000 millones en proyectos sociales, a lo largo de la vida de la mina.
En todos estos ejemplos se establecieron mesas de diálogo; algunas de las cuales tranquilizaron las aguas, mientras que otras fueron turbulentas, como en el caso de la provincia de Espinar con protestas contra la mina Tintaya.
Leopoldo Monzón, gerente general de Proyectos y Estudios Mineros, indica que si bien todos piensan que hacer minería en el Perú es complicado, no lo es particularmente. “Lo mismo sucede en los demás países de Latinoamérica”, explica. En su opinión, el caso de Conga estuvo lleno de desaciertos, y el más importante de ellos es que los propietarios de esa minera no escucharon el sentir de la población de Cajamarca por más de veinte años.
Con Conga se detuvo una inversión de US$4.800 millones, uno de los proyectos de inversión más grandes del país. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, resalta que hay inversiones pendientes con estudios de impacto ambiental aprobados por más de US$22.400 millones, por lo que el saldo continúa siendo positivo.
¿QUÉ SE HA APRENDIDO?
Según López, lo que actualmente es un hecho es que el problema de los conflictos en el sector minero se está abordando desde un ángulo más amplio. Hay cerca de treinta mesas de diálogo en el sector, las cuales apuntan a solucionar los problemas de las poblaciones antes que lograr el desarrollo del proyecto minero, que era el enfoque de las mesas convocadas por el Ministerio de Energía y Minas hasta hace un año y que usualmente fracasaban. “Esto es lo que se hizo en Quellaveco y funcionó”, apunta.
La inversión en Quellaveco implicará un monto aproximado de US$3.300 millones. Monzón señala que este caso tuvo consultores del MEM con visión social. “En Yanacocha no los escucharon”, puntualiza.
López explica que el dinamismo en nuevas propuestas no solo estuvo alrededor de los conflictos sociales, pues también se implementó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que permitirá que los EIA sean supervisados por una entidad independiente del Ministerio de Energía y Minas. Además se creó la Oficina de Diálogo Nacional a cargo de la PCM, que permitirá convocar a los diferentes sectores del Estado a poner sus esfuerzos para sacar adelante los proyectos. Sin embargo, esto no es suficiente. Los especialistas creen que en el 2013 se requerirá de una mayor participación estatal y, sobre todo, establecer el necesario ordenamiento territorial, afianzar los espacios de diálogo con creatividad y, sobre todo, con la actitud pertinente para escuchar las necesidades de las comunidades.
No hay un sector económico que cargue con tantos prejuicios como la minería. Así, siempre estará en el ojo de la tormenta, y esto es justamente una razón poderosa para que las empresas del sector afinen al milímetro sus estrategias a aplicar para el desarrollo de sus respectivas propuestas. Esto al parecer no sucedió con el proyecto minero Conga (de la estadounidense Newmont), que fue la batalla perdida en el 2012 no solo del sector minero, sino del Estado Peruano. Su paralización significó una derrota económica, pero a su vez puso sobre el tapete la debilidad y torpe manejo político del Gobierno.
Sin embargo, el balance de lo que ha sucedido este año en la minería va más allá de Conga.
“El 2012 ha sido muy intenso no solo en conflictos en el sector minero sino en aprendizaje y avances”, indica José Luis López, director de la ONG Labor. Esto lo afirma por que a la par de la constante formulación del recordado “Conga no va”, hubo proyectos que sí llegaron a soluciones y a diálogos productivos.
López cita los casos de Minera Cerro Verde (Arequipa), Las Bambas (Apurímac), Tintaya (Cusco) y sobre todo Quellaveco, donde finalmente, tras cerca de diez años de disputas y situaciones tensas, la actitud propositiva del Gobierno Regional de Moquegua logró que la empresa Anglo American (propietaria del proyecto), llegara a un acuerdo con las comunidades y autoridades locales. La minera se comprometió a invertir cerca de S/.1.000 millones en proyectos sociales, a lo largo de la vida de la mina.
En todos estos ejemplos se establecieron mesas de diálogo; algunas de las cuales tranquilizaron las aguas, mientras que otras fueron turbulentas, como en el caso de la provincia de Espinar con protestas contra la mina Tintaya.
Leopoldo Monzón, gerente general de Proyectos y Estudios Mineros, indica que si bien todos piensan que hacer minería en el Perú es complicado, no lo es particularmente. “Lo mismo sucede en los demás países de Latinoamérica”, explica. En su opinión, el caso de Conga estuvo lleno de desaciertos, y el más importante de ellos es que los propietarios de esa minera no escucharon el sentir de la población de Cajamarca por más de veinte años.
Con Conga se detuvo una inversión de US$4.800 millones, uno de los proyectos de inversión más grandes del país. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, resalta que hay inversiones pendientes con estudios de impacto ambiental aprobados por más de US$22.400 millones, por lo que el saldo continúa siendo positivo.
¿QUÉ SE HA APRENDIDO?
Según López, lo que actualmente es un hecho es que el problema de los conflictos en el sector minero se está abordando desde un ángulo más amplio. Hay cerca de treinta mesas de diálogo en el sector, las cuales apuntan a solucionar los problemas de las poblaciones antes que lograr el desarrollo del proyecto minero, que era el enfoque de las mesas convocadas por el Ministerio de Energía y Minas hasta hace un año y que usualmente fracasaban. “Esto es lo que se hizo en Quellaveco y funcionó”, apunta.
La inversión en Quellaveco implicará un monto aproximado de US$3.300 millones. Monzón señala que este caso tuvo consultores del MEM con visión social. “En Yanacocha no los escucharon”, puntualiza.
López explica que el dinamismo en nuevas propuestas no solo estuvo alrededor de los conflictos sociales, pues también se implementó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que permitirá que los EIA sean supervisados por una entidad independiente del Ministerio de Energía y Minas. Además se creó la Oficina de Diálogo Nacional a cargo de la PCM, que permitirá convocar a los diferentes sectores del Estado a poner sus esfuerzos para sacar adelante los proyectos. Sin embargo, esto no es suficiente. Los especialistas creen que en el 2013 se requerirá de una mayor participación estatal y, sobre todo, establecer el necesario ordenamiento territorial, afianzar los espacios de diálogo con creatividad y, sobre todo, con la actitud pertinente para escuchar las necesidades de las comunidades.
