MINERÍA PERÚ

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miércoles, 23 de enero de 2013

INFORME: LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LA MINERIA

Perú: El rol de las comunidades campesinas

En el Perú existen más de seis mil comunidades campesinas y 1497 comunidades nativas amazónicas. Estas mantienen el control de un vasto territorio que alberga una gran diversidad biológica de flora y fauna, así como invalorables recursos naturales.Las comunidades campesinas y nativas controlan cerca de las dos quintas partes de las tierras agropecuarias del país (Lapeña, 2011), implementando tecnologías ancestrales, en algunos casos ecoeficientes, para su explotación, con una gran capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.
Este grupo poblacional es poseedor de tradiciones milenarias y mantiene una relación de profunda espiritualidad con el ambiente donde se desarrolla. También presenta los más altos niveles de vulnerabilidad social (entendida como una mayor susceptibilidad a efectos externos económicos, sociales, culturales y ambientales) e índices de pobreza monetaria.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2010, en la sierra rural, el 61,2% de la población se ubica en situación de pobreza monetaria, mientras que el 28,5% en situación de extrema pobreza. En la selva rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el 17,8% en extrema pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en la zona y la poca voluntad política por implementar políticas públicas para promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con mercados más dinámicos.
A la fecha, las actividades extractivas se encuentran en un momento de auge en el Perú. Solo en el período de enero a octubre de 2011 la inversión en minería ascendió al nivel récord de 5,325 millones de dólares, con efectos positivos en el empleo y en la dinamización de los mercados a nivel nacional. La Sociedad Nacional de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la minería representó el 7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal (incluyendo regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado públicamente la importancia de la minería para poder sostener los amplios programas sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.
El éxito del crecimiento de las actividades extractivas responde a una agresiva política de promoción de las inversiones mineras y de hidrocarburos, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el gobierno anterior. Esta promoción consiste en la acelerada concesión de lotes mineros y de hidrocarburos, así como en la rápida aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA aprobados, y en junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en concesión minera (18,91% del territorio peruano).
Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el 64.98% del territorio de las comunidades nativas de la amazonía había sido entregado en concesión como lotes para la extracción de hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha impactado directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales vienen siendo presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y políticos.
En un entorno en donde el rol fiscalizador del Estado es muy débil, ya que se limita a aprobar EIA y otorgar concesiones, la ejecución de los proyectos extractivos y el destino de las comunidades, dueñas de extensos territorios que abarcan importantes recursos naturales para la vida, se ha venido decidiendo a través de negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su marcada asimetría en la información y clara ventaja para las empresas.
De esta manera, tenemos un gran número de comunidades que se han sentido despojadas de sus tierras, con sus recursos naturales y medios de vida afectados, viendo cómo enormes recursos económicos pasan de lado.
Esto ha traído como consecuencia un número alarmante de conflictos con consecuencias trágicas. Según la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno anterior hubo alrededor de 80 muertos en conflictos sociales y al 31 de diciembre de 2011 existen 223 conflictos sociales activos, 57% de los cuales son socioambientales.
En lo que va del nuevo gobierno, el presidente Ollanta Humala ya ‘tiene a cuestas’ dos importantes conflictos sociales con víctimas humanas, millonarias pérdidas y un cambio de gabinete. Un entorno político y mediático abiertamente hostil orienta el debate hacia una polaridad de ‘antimineros’ versus ‘promineros’, en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar propuestas infructuosas como el radical “no a la minería” o el populista “repartamos el canon”.
Es de vital importancia colocar a las comunidades campesinas y nativas como actores centrales en este debate, reconociendo la prioridad que deben tener en las políticas de superación de la pobreza, revalorizando sus conocimientos, sus derechos y el rol que cumplen en el manejo de los recursos naturales ubicados en su territorio.
Las comunidades están en la capacidad de contribuir en la elaboración de políticas públicas que promuevan su propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso de sus recursos naturales, así como negociar –en una situación de mayor equidad en la información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para conseguir esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar a las comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de esta manera, asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.

FUENTE: PACHAMAMA RADIO
http://www.pachamamaradio.org/16-03-2012/peru-el-rol-de-las-comunidades-campesinas.html

domingo, 20 de enero de 2013

OEFA MULTA A PLUSPETROL NORTE S.A.


Lima, 16 de enero de 2013.- Mediante Resolución N° 006-2013-OEFA/TFA el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  confirmó la multa de 8 047,41 UIT, equivalente a S/. 29 775 417,00, impuesta por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA (DFSAI) a la empresa Pluspetrol Norte S.A. (PLUSPETROL).
 Ambas instancias determinaron que la mencionada empresa había incumplido los compromisos asumidos en el Plan Ambiental Complementario (PAC) aprobado por Resolución Directoral N° 760-2006-MEM/AAE, al no culminar dentro de los plazos establecidos con las actividades de remediación ambiental del yacimiento Yanayacu ubicado dentro de los límites de la Reserva Nacional  “Pacaya Samiria” —reserva que constituye una de las principales áreas naturales protegidas en nuestro país—. Dicha circunstancia fue verificada en las supervisiones realizadas durante los años 2008 y 2009 en las instalaciones del Lote 8, que se encuentra en el Distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto.
 De acuerdo a lo señalado en el mencionado PAC, PLUSPETROL asumió la obligación de remediar los lugares contaminados con hidrocarburos correspondientes a la batería 3 (sitios 1, 3, 4 y 5) ubicada en el yacimiento Yanayacu, de una extensión total de 6,93 hectáreas, cuyo cumplimiento tenía como fecha límite el 17 de mayo de 2009.
 Durante el procedimiento administrativo sancionador PLUSPETROL reconoció no haber cumplido con la remediación ambiental, argumentando en su defensa que había presentado una solicitud de modificación de las medidas de remediación establecidas en el PAC inicialmente propuestas, la que fue desestimada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
 Sobre el particular, el TFA señaló que al ser PLUSPETROL el solicitante de la aprobación del PAC, y además encargándose de establecer los compromisos ambientales a cumplir (cronograma, metodología y tipo de remediación a aplicarse, etc.), dicho administrado no puede desconocer su obligatoriedad, o atribuir su incumplimiento a la negativa del MEM de aprobar nuevas medidas de remediación. Asimismo, los documentos presentados por PLUSPETROL no acreditaban que la empresa se hubiera visto imposibilitada materialmente de cumplir los compromisos de remediación asumidos.
 En el pronunciamiento del TFA se precisa que las modificaciones planteadas al PAC por PLUSPETROL fueron presentadas ante el MEM luego de haberse cumplido el plazo para la realización de las medidas de remediación inicialmente planteadas. Por tanto, los compromisos del PAC, cuyo incumplimiento fue verificado por la autoridad durante las supervisiones efectuadas, se encontraban plenamente vigentes y su incumplimiento constituía infracción sancionable.
 Con el pronunciamiento del TFA, instancia revisora del recurso impugnativo interpuesto contra la resolución de sanción, queda agotada la vía administrativa.

sábado, 12 de enero de 2013

70 MINERAS ESPERAN LUZ VERDE A EIAS

MÁS DE 70 MINERAS ESPERAN LUZ VERDE A EIAS

Más de 70 empresas esperan luz verde a EIA de proyectos mineros
Gestión
Para este año, el reto del Estado en el sector minero será mostrar celeridad para revisar estudios de impacto ambiental (EIA) pendientes, que a la fecha suman un total de 135 proyectos, que suman inversiones que superan los US$ 7,500 millones.

El presidente del BCR, Julio Velarde ya advirtió el mes pasado que entre el 2013 y el 2014 se prevé una reducción de inversión privada en US$ 2,844 millones. Es más, Velarde advirtió que varios proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, estarían en riesgo de postergarse debido a las demoras en los trámites y a los conflictos sociales.

Los actuales EIA en lista de espera en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se caracterizan por presentar proyectos de categoría D, es decir, buscan situarse en una etapa de producción y explotación de reservas mineras. También están en espera las unidades mineras que buscan una ampliación de sus operaciones.

Hasta diciembre del 2012, 74 empresas presentaron EIA para su aprobación. Cabe indicar que en algunos casos la revisión de estos estudios data del año 2007.

Del total de los EIA presentados a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), el 53% es decir, 72 estudios se encuentran en etapa de evaluación. Otro 28% está considerado en situación de Levantamiento de Información (38 estudios). Mientras que en la situación de Observados, se encuentran 20 estudios.
Empresas solicitantes
Solo el año pasado ingresaron 88 proyectos para que se les apruebe su EIA, los cuales fueron solicitados por 58 empresas.

En el 2012, la Compañía de Minas Buenaventura fue la que presentó la mayor cantidad de EIA al MEM , con un total de once, la mayoría de los cuales fueron presentados en agosto pasado. Estas solicitudes comprenden en su mayoría planes integrales para proyectos mineros como para ampliación de unidades mineras.

Entre ellas están el plan integral de la Unidad Pozo Rico en Pasco; el plan para la implementación de límites máximos permitidos en la unidad de plata Uchucchacua y el proyecto Mallay; planes integrales en las unidades de Poracota y Orcopampa, Julcani, Esperanza 2011, Recuperada, Angélica-Rublo Chico y Antapite.

Destaca también la presentación de EIA por parte de Volcan Compañía Minera
. Estos estudios son planes correspondientes a sus minas de Andaychagua, Carahuacra, San Cristóbal-Mahr Tunel (planta de tratamiento) y Ticlio, todas correspondientes a la Unidad Minera de Yauli, en la sierra central.

En la memoria del 2011 de Volcan se señaló como perspectivas en la Unidad Yauli el desarrollo de los proyectos Zoraida y Oyama; y para finales del 2012 se tenía previsto ampliar las plantas de Victoria y Andaychagua.

Los que podrían venir


Esta situación este año puede verse complicada con el funcionamiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible (Senace).

El gerente de asuntos ambientales de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía(SNMPE), Carlos Aranda, considera que la nueva entidad alargará el proceso de las evaluaciones de los estudios ambientales.

Agregó que una transferencia de conocimientos de la DGAAM al Senace demoraría hasta unos dos años. Además enfatizó la necesidad de que la SNMPE coordine con el Ministerio del Ambiente sobre la aplicación de las normas que desarrollará el Senace.

Sin embargo, aún hay optimismo. Es así que este año se espera la aprobación de los estudios de impacto ambiental de proyectos como Cañariaco (Lambayeque) y Michiquillay (Cajamarca).

Aranda afirmó que también proyectos como Conga en Cajamarca (que ya cuenta con EIA aprobado) y Tía María en Arequipa podrían contar con el visto bueno para sus operaciones desde este año. Pero para llegar a esta etapa se debe resolver el factor político en estas regiones.

“En el caso de Tía María, se viene preparando un nuevo estudio de impacto ambiental. También se viene la ampliación de Toquepala, que ya cuenta con el EIA y se espera la realización de la audiencia pública”, apuntó.

Fuente :

lunes, 7 de enero de 2013

Son cuatro megaproyectos que impactarán en el Perú para este 2013


Son cuatro megaproyectos que impactarán en el Perú para este 2013

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

proyectos crecenCuatro minas de cobre ingresaron en operaciones, se calcula que en dos años alcanzarán 800 mil toneladas anuales, niveles de producción minera nunca registrados antes en el País, que equivalen a ocho veces más de lo que se proyectaba extraer de Conga en un año sin conflictos sociales.
Antapaccay, Toromocho, Las Bambas y la ampliación de Antamina son cuatro de los proyectos cuya estimación permitirá que la economía peruana alcance un incremento del 6.9%. Suma intervenida por los cuatro proyectos aproximadamente US$ 9040.88 millones. De concretarse la ampliación del proyecto Cerro Verde en Arequipa, el crecimiento del PBI sería incluso mayor, Cerro Verde espera alcanzar una producción de 1,000 millones de libras en cobre y 25 millones de libras en molibdeno anualmente.
Xstrata Cooper, tras el estudio de impacto ambiental, la minera invirtió US$ 1,470 millones. Calculan que Antapaccay produzca en promedio 160 mil toneladas de cobre concentrado anual, además oro y plata durante los dos primeros años. Las Bambas, proyecto que empazará operaciones el segundo semestre del 2014, asciende a US$ 4,230 millones. Tiene reservas calculadas en más de 1,700 millones de toneladas de cobre, ellos estiman que durante 18 años tendrán una producción promedio de 315 mil toneladas de cobre metálico en concentrados.
Tomocho, de la minera Chinalco Perú, empresa subisidiaria de Aluminum Corporation of China, está encargada de ejecutar proyectos en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín; está mina empezará su producción de 1 millón de toneladas de concentrado de cobre, 10 mil toneladas de óxido de molibdeno y 4 millones de onzas de plata de forma anual. Esta reserva está calculada en 1,526 millones de toneladas de mineral.
Antamina, ampliará sus instalaciones como su capacidad de procesamiento mineral en un 40%, diariamente extraen 430,000 toneladas de material. Las reservas de Antamina ascienden en 745 millones de toneladas métricas. Además ellos asumieron en un discurso a la Responsabilidad Social como una conducta corporativa. La gerencia de Antamina hace esfuerzos para que Antamina se presentada como la “minería del futuro”, y su política empresarial hace resaltar la necesidad de conseguir una “licencia social” para comenzar operaciones.

FUENTE: http://www.tiempominero.com

viernes, 4 de enero de 2013

Compañía Minera Ares S.A.C. v.s. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó hoy viernes que la Compañía Minera Ares S.A.C., que opera en la región Arequipa, fue sancionada con una multa de 365,000 nuevos soles (100 unidades impositivas tributarias) por violar la normatividad ambiental y provocar daño potencial.

Mediante la Resolución N° 237-2012-OEFA/TFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) confirmó la multa de 100 UIT impuesta por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA.

Ambas instancias encontraron que la mencionada empresa  había violado la normatividad ambiental vigente referida al exceso del Límite Máximo Permitido (LMP) para el parámetro de sólidos totales suspendidos (STS), circunstancia que se verificó de la supervisión realizada en la unidad minera ubicada en la región de Arequipa.

Por un lado, se reportó un valor de 52,3 miligramos por litro para el parámetro STS del efluente proveniente de la Bocamina Victoria Nivel 4900, que descargaba en el río Collpa, excediendo en 2,4 miligramos el LMP de 50 miligramos por litro establecido por la norma.

Más grave aún fue el reporte de un valor de 410,2 miligramos por litro para el parámetro STS del efluente proveniente de la salida del dique general de control de sólidos en suspensión, que descargaba en el río Collpa, excediendo en 360,2 miligramos el LMP de 50 miligramos por litro establecido por la norma.

Durante el procedimiento la empresa argumentó que no se había acreditado el daño ocasionado al ambiente como consecuencia del exceso del LMP.

Al respecto, el TFA precisó que el “daño ambiental potencial” ─circunstancia que se presenta al exceder los LMP─ es reconocido por el Numeral 142.2 del Artículo 142° de la Ley General del Ambiente como “daño” y, por tanto, condición suficiente para configurar la infracción administrativa.

El TFA agregó que exceder los LMP es calificado por la normativa ambiental como infracción grave.

Por ese motivo, el OEFA aplicó las sanciones previstas legalmente, las cuales ascienden a 50 UIT por la primera infracción y 50 UIT por la segunda, sumando un total de 100 UIT.

Con el pronunciamiento del TFA, instancia revisora de los recursos impugnativos interpuestos contra las sanciones impuestas por la DFSAI, queda agotada la vía administrativa, por lo que la Compañía Minera Ares S.A.C. deberá pagar la multa impuesta.
El Límite Máximo Permisible (LMP) es la medida de la concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud y al ambiente.