MINERÍA PERÚ

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miércoles, 19 de diciembre de 2012

LA ESPERA DESESPERA. (Editorial de el diario El Comercio, Lima. Perú. 17-12-12)


El Undécimo Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, presentado la semana pasada, reveló información bastante llamativa en torno al devenir de los proyectos mineros en el Perú. José de Echave, director de la ONG Cooperacción , mencionó que, de los US$53.000 millones en proyectos mineros que tiene el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en cartera para los próximos cinco años, solo se ejecutará un tercio en dicho período. Macroconsult (para esta consultora la cartera de proyectos asciende a US$40.000 millones) también tiene un pronóstico similar, aunque un poco más optimista, ya que espera una ejecución para los próximos cinco años del 50%.
Lo que es común en ambas prognosis es que será imposible, con las condiciones actuales, que el total de los montos que se pretende invertir en minería sea efectivamente ejecutado. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? Como es bien conocido, una de ellas son los conflictos sociales que suelen aparecer en las comunidades que se ven afectadas por los proyectos. Pero hay otra causa que no recibe atención mediática pero en la que coinciden varios especialistas: los trámites burocráticos excesivos a los que se tienen que someter las empresas mineras para, entre otras cosas, obtener permisos diversos. Y si bien hay mucho por hacer respecto de ambas causas, el Estado es el único responsable por la segunda, por lo que debería concentrase en resolverla.
¿Cuál debería ser la agenda estatal en esta materia? Según el especialista en derecho minero Luis Eduardo Ramírez, hay mucho por hacer en cuanto a trámites ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y sus dependencias. Estas, según el abogado, pueden tardar hasta dos años para dar una licencia de uso de agua. Con ese problema se enfrentan, por citar algunos casos, la ampliación de Cerro Verde (Arequipa ) y los proyectos Quellaveco (Moquegua ) y Constancia (Cusco ). Conversamos también con Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y nos comentó que las entidades competentes no tienen plazos fijos para otorgar permisos sobre, por ejemplo, algunos capítulos de los estudios de impacto ambiental (EIA) que evalúa el MEM. Esto supone, entre otros problemas, que una empresa pueda incumplir el plazo establecido por el MEM para terminar un EIA debido a que otras entidades estatales que otorgan permisos ligados a dicho estudio se toman más de la cuenta en hacerlo (como la ANA, el Ministerio de Cultura o el Sernanp). Según el señor Martínez, la incapacidad de cumplir plazos razonables estaría ligada al capital humano (aunque parece que ha habido avances recientes): o porque son cargos que se asignan conforme a criterios políticos antes que técnicos o porque hubo fuga de talentos y los que asumieron no estaban lo suficientemente capacitados.
Resulta, entonces, que a menudo es la interminable espera en unas oficinas estatales la que impide que se cumpla con lo que exigen otras oficinas públicas para empezar los proyectos mineros. Esa espera es la responsable de que los proyectos que estaban previstos para este año y que no se iniciaron (ni se sabe cuándo se iniciarán) sumen, según Martínez, una inversión fallida de US$7.100 millones; de US$3.670 millones en el caso de los programados para el 2013, de US$7.070 millones para el 2014; y de US$5.150 millones para el 2015. Así, el agujero negro burocrático se traga toda la futura riqueza, impuestos, empleos, encadenamientos productivos y, en suma, bienestar que en potencia podían brindar estos proyectos mineros.
Especialmente teniendo en cuenta todo lo que se encuentra en juego, el gobierno del señor Humala debería tener como una prioridad reformar la “permisología” minera, empezando por dotar de recursos adecuados a las oficinas competentes, establecer plazos claros para los trámites y sanciones para los funcionarios que los incumplan. La paciencia de los inversionistas que pueden preferir llevarse su dinero en otro lado, después de todo, no es infinita. Y la de tantos peruanos cuya vida podría mejorar sustancialmente gracias a la minería responsable, tampoco.

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